Cumplidos 35 años del golpe de Estado de 1976, debería resultar casi obvio que la memoria empuja y la Historia continúa intentando narrar el sinnúmero de situaciones que dan sentido a la construcción de una Historia Reciente que, a nivel local y zonal, no deja de escribirse.
El caso de nuestro pago chico bien podría resultar paradigmático si de intentar desentrañar el entramado represivo que actúo en la dictadura se trata, ya que al influjo del inicio o prosecución de causas por violaciones a los derechos humanos por delitos de lesa humanidad, el afán de justicia recaló en hijos de Desaparecidos y otros militantes, que tendieron lazos con la Comisión Justicia Zona Norte para dar continuidad a, por ejemplo, la causa 5310/04 que expusiera parte de los mecanismos represivos que actuaron en los acreditados CCD de Campana, Zárate y Escobar, espacios del horror donde decenas de decenas de personas pasaron por lo que se denomina "infierno concentracionario" del cual muchos no volvieron, y que determinara permanezcan en condición de Desaparecidos, aunque también resulte cierto que otras personas sobrevivieran y aportaran con su testimonio la posibilidad cierta de que crímenes cometidos en el período del Terrorismo de Estado en nuestra región puedan ser llevados ante los estrados judiciales de la Justicia Federal.
"Demasiado poco" podrían argumentar algunos, luego de 35 años de silencios cómplices, encubrimientos, negaciones, etc., perdiendo de vista tal vez que reconstruir tanto la Historia Reciente como investigar seriamente para dar contenido, sentido y posibilidades de llevar a juicio las nefastas violaciones de la dictadura, implica un compromiso sostenido para que quienes puedan testimoniar así como constituirse en querellantes puedan realizarlo en el marco de políticas activas del Estado en torno a tales problemáticas, más allá de circunstanciales gobiernos, ya que la continuidad y vigencia de lo que se ha realizado, se realiza o se realizará, excede en mucho a un sector o a persona alguna y debería anclarse en el sostenido compromiso asumido por el conjunto de quienes han trabajado militantemente en la defensa de los derechos humanos en cualquier punto del país (nuestra zona incluida).
En sentido similar podría plantearse cómo ocurrió que en Campana sectores comunitarios no hayan explicitado lo terrible de los hechos que afectaron a nuestra comunidad, siendo que son (o dicen ser), expresiones "solidarias" para con el prójimo…; difícil entenderlo y tratar de dar respuestas sin considerar que mucho de lo que hiciera la dictadura en el pueblo tuviera el abrigo de actores o sectores empresariales o civiles: ¿no son mayoría de trabajadores de Siderca los Desaparecidos…?, ¿qué ha hecho su gremio por buscar Justicia para ellos y sus familiares…?, ¿qué grado de responsabilidad le cabe a dirigentes gremiales que han ignorado lo ocurrido…?, ¿qué respuestas han dado instituciones comunitarias de "fina sintonía" con representantes de la dictadura en el distrito…?, ¿por qué no las han brindado…?, ¿por qué cuesta tanto que familiares y/o damnificados asuman el rol de querellantes frente a los que consideran causantes de sus males…?, ¿quién, si no ellos, podrían recuperar las voces de los ausentes y buscar Justicia por sus padres, esposos, hermanas, hijos, compañeros…?
Tratar de buscar respuestas, contar la Historia Reciente, las tramitaciones judiciales que se realicen, excede estas líneas iniciales que intentarán ampliarse en próximas entregas en referencia al trabajo que se continuará realizando el sábado 16 de julio en el Espacio Cultural Pachamama (Jean Jaurès 724), a partir de las 11 horas, para que el reclamo de Justicia logre un correlato cierto a través de la sustanciación de causas que –por más que algunos insistan en mirar para otro lado- buscan encontrar una verdad todavía hoy negada.
