Cuando Federico Pinedo visitó Campana este año, enumeró una serie de problemas urgentes que debemos atender los argentinos, entre ellos se refirió a la exclusión social de los jóvenes. En particular, esta preocupación tiene origen en que es muy alta la proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, mientras que la calidad de empleo que obtienen los que sí trabajan es muy baja. La exclusión social de los jóvenes tiene consecuencias a corto y largo plazo, porque en esta etapa se definen las posibilidades que tendrán las personas durante el resto de sus vidas. Estudio y trabajo deben ir juntos para que las nuevas generaciones de argentinos tengan posibilidades de progresar y ser feliz en la vida. Por eso el Estado tiene que promover un marco institucional que promueva ambos elementos, como aspectos centrales de las políticas sociales dirigidas a los jóvenes. Quiénes dejan de estudiar a edad temprana para trabajar tienen un incentivo a corto plazo pero a costa de resignar posibilidades de largo plazo. En tal sentido la política social debe promover las condiciones que se necesitan para que los jóvenes estudien y trabajen. Como señala un reciente informe de la Universidad Católica (UCA), los jóvenes que dejan de estudiar ingresan al mercado laboral con capacidades muy limitadas, lo que les impide a largo plazo acceder a empleos de calidad y a la posibilidad de desarrollar una carrera laboral ascendente. El informe cita la evaluación internacional PISA, que mide las capacidades de lectura, matemáticas y ciencias en adolescentes de 15 años de edad, que encontró que en 2006 el 57.9% de los jóvenes argentinos no poseía las capacidades mínimas de lectura para desempeñarse en el mercado del trabajo. Para finalizar, señala el informe que los rasgos más notables y preocupantes que caracterizan la situación de los jóvenes argentinos incluyen: una alta proporción de jóvenes que no trabaja ni estudia; una relativamente baja proporción de jóvenes que trabajan y estudian; y una baja acumulación de aprendizajes y conocimientos.
La exclusión de los jóvenes del sistema educativo y del mercado laboral produce daños individuales y familiares, retroalimenta la exclusión social y abre las puertas a comportamientos muy perjudiciales como la drogadicción, el alcoholismo y la delincuencia. Por todo esto estamos convencidos que existen áreas de competencia en las que el gobierno local puede y debe articular estrategias dirigidas a la juventud, con un sentido integral, que aborde las distintas facetas del tema. De la misma forma que la niños y los adultos mayores, los adolescentes deben ser un objetivo central de políticas sociales activas, en las que el municipio sea el articulador de los programas existentes y por crearse; generando y monitoreando sistemáticamente las estadísticas que permitan evaluar la efectividad de los mismos, la calidad del municipio en su rol coordinador, como asimismo la adopción oportuna de las medidas que permitan mejorar su desempeño en estas áreas que son tanto sensibles, como importantes para el futuro.
