Amigos… decidí hablar sobre una frecuente problemática que desde mi humilde opinión suele ocultarse bajo el tapete. ¿Qué implica hablar de violencia en materia de discapacidad? Se debe entender por violencia no solo la agresión física evidente como una cuchillada o puñetazo, sino también todo acto, práctica u omisión que vulnere los derechos humanos que afecte la libertad, el desarrollo personal, el bienestar, la privacidad, en general todo aquello que permita que cualquier persona se sienta respetada.
No todos estamos igualmente expuestos a la violencia. El género, la pertenencia a minorías étnicas o culturales, los niveles educativos, la edad y muchas otras variables o circunstancias, como la discapacidad por ejemplo, inciden significativamente en la probabilidad de ser objeto de actos violentos, o bien de sufrirla pasivamente, lo que encuadraría en abandono. Vale consignar que las mujeres son mucho más vulnerables a los abusos y malos tratos que los hombres. Cabe señalar que las personas con discapacidad son destinatarias de mayor número de abusos que aquellas que no poseen discapacidades en una proporción de dos a cinco veces más. La confluencia de estos factores en las mujeres con discapacidad, en especial aquellas que tienen deficiencias severas, dificultades de aprendizaje y de comunicación, las convierte en un grupo de mayor riesgo propenso a sufrir algún tipo de violencia.
Cierto es que las mujeres con discapacidad al pertenecer a dos grupos vulnerables, se enfrentan a una doble discriminación y a múltiples barreras que les dificultan la consecución de objetivos de vida considerados como esenciales. Tales como: mayores niveles de desempleo, inferiores salarios, menor acceso a los servicios de salud, mayores carencias educativas, escaso o nulo acceso a programas y servicios dirigidos a mujeres y un mayor riesgo de padecer abuso sexual y físico.
Además de los actos claramente tipificados como violentos, hay que agregar otros más sutiles derivados de actitudes y prácticas discriminatorias. La discriminación por razón de la mayor o menor capacidad física o intelectual de las personas es un acto violento en sí mismo y genera, en consecuencia, en la persona que lo padece frustración y violencia; si a eso añadimos la discriminación por razón de género, nos encontramos con unos niveles de agresión, violencia y discriminación hacia las mujeres con discapacidad que francamente son intolerables.
Es importante aclarar que más de la mitad de la población con discapacidad está formada por mujeres. Sus niveles de formación y empleo son sensiblemente inferiores a los de los varones con discapacidad. Aquellas poseen dificultad en que se les reconozca su derecho a la sexualidad así como a formar su propia familia. Es claro que, la ocultación o la ignorancia de estas situaciones contribuye a que se perpetúen. Esta falta de información repercute negativamente tanto respecto de las mujeres afectadas como sobre los profesionales que atienden servicios de atención e información dirigidos a las víctimas de violencia como de personas con discapacidad.
Un elemento clave para la comprensión del fenómeno de la violencia ejercida contra mujeres con discapacidad es el de su imagen ante la sociedad y ante sí mismas. Esto significa que el grado de satisfacción personal que experimenta una persona tiene mucho que ver con su autoimagen corporal. Es decir, necesitamos sentirnos identificados con las imágenes del cuerpo que socialmente se consideran adecuadas. Así, en nuestra sociedad por ejemplo, la obesidad es vista como algo indeseable y en contraposición a ello, la delgadez se la asocia con el éxito. Las mujeres con discapacidad no están excluidas de la influencia que ejerce la publicidad. Ésta se internaliza estableciéndose relaciones de comparación entre el estándar de belleza y la imagen que estas mujeres tienen de sí mismas, lo que en bastantes casos provoca un deterioro de su autoestima. Concordantemente, y en función de la percepción que los demás tienen de la discapacidad, roles que generalmente son asignados a las mujeres son limitados y hasta negados a aquellas que padecen discapacidades. Ello provoca que muchas mujeres con discapacidad acaben viviendo su propia discapacidad como algo negativo, que cercena sus posibilidades de relación y de consideración social. Su existencia gana en invisibilidad, pues al no encajar en esos moldes tradicionales dejan de participar en actividades que son comunes para sus pares en edad y sexo, no considerándoselas en sus papeles de novias, madres o esposas, negándoseles puestos de trabajo en los que existe un componente alto de exhibición de la imagen, etc. Contrastantemente con ello, es frecuente que se realcen circunstancias de sus vidas que en personas sin discapacidad serían vistas como normales tales como estudiar, cocinar, asearse, etc., o bien distorsionándose su existencia para hacer retratos de vidas extraordinarias o presentarlas como heroicas historias de superación personal.
Nada de esto es inevitable. No es la discapacidad, sino los factores sociales y ambientales lo que provoca una disminución de la autoestima en estas mujeres. Determinante es que la invisibilidad de este colectivo etáreo en la vida ordinaria alimenta los estereotipos populares sobre la discapacidad, lo que a su vez contribuye a perpetuar el ciclo de discriminación y exclusión.
Lo mismo ocurre en relación a la "invisibilidad" de la violencia, activa y pasiva, ejercida contra las mujeres con discapacidad, impidiendo que esta violencia sea combatida de modo efectivo. Para ello esta batalla de visibilidad hay que dominarla en muchos frentes. La lucha contra la violencia y contra la discriminación debiera empezar en el propio movimiento asociativo de las personas con discapacidad. Más de la mitad de la población con discapacidad está formada por mujeres. Sin embargo, aún nos encontramos infrarrepresentadas en dichas organizaciones. Es así que los puestos directivos ocupados por mujeres con discapacidad aun son excepcionales así como las propuestas que tratan de incluir la perspectiva de género. Pues entonces para que este desafío llegue lejos, es necesario contar con instrumentos normativos que materialicen la igualdad de oportunidades y reduzcan las diferencias entre hombres y mujeres, para lograr un futuro en el que el límite sea la capacidad y no el género.
Amigos…la necesidad de poner en práctica políticas que tengan en cuenta la especificidad de la mujer con discapacidad viene siendo mi principal demanda a los poderes públicos y a quienes diseñan políticas de plena equiparación de oportunidades, ya que si bien es importante contar con un marco normativo que prohíba las prácticas discriminatorias, deviene necesario arbitrar los medios que materialicen la mentada igualdad de oportunidades. Por ello identificada con estos postulados, más que nunca los invito a seguir "EJERCIENDO SUS DERECHOS PORQUE NO SON MEROS PRIVILEGIOS". DRA. SILVINA COTIGNOLA, ABOGADA ESPECIALIZADA EN DISCAPACIDAD Y FAMILIA. smlcoti@ciudad.com.ar
