El Gobierno decidió librar ayer una dura batalla contra las compañías de servicios públicos privatizadas, en medio del ruido político provocado por el debate sobre las tarifas y las causas y los responsables de los últimos cortes de servicios.
Por la tarde, el Ente Tripartito de Servicios Sanitarios (Etoss), que regula el suministro de agua, anunció que Aguas Argentinas deberá pagar una multa de $ 1.344.000 por la interrupción del servicio ocurrida el domingo pasado (sobre lo que se informa por separado). Poco después, desde Casa de Gobierno se difundió que las compañías de electricidad fueron multadas, entre 2001 y lo que va de 2003, por 7.465.870 pesos.
El presidente Néstor Kirchner redobló así su embestida y, por medio de su vocero, Miguel Núñez, les advirtió a las firmas que brindan el servicio eléctrico que un informe oficial indica que la calidad del servicio prevista para el próximo verano es mejor que la de los dos últimos veranos y que, por ende, "no hay ninguna posibilidad de apagones generalizados".
Según el Gobierno, no existen motivos para eventuales caídas del servicio eléctrico. Con ello, contradijo abiertamente la advertencia de las compañías del sector, que presionan a la Casa Rosada por un aumento de tarifas con el argumento de que podría colapsar el servicio por su uso masivo en el período estival y por la falta de inversiones.
Una alta fuente de Gobierno afirmó anoche a LA NACION que si pese a lo que dicen los informes igualmente se registran apagones, "las empresas tendrán las más duras sanciones que permite la ley".
