Justo cuando una tempestad con escasos antecedentes afectó trágicamente a la región metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno desarrolló nuevos frentes de tormenta hacia fuera y hacia adentro de su estructura política por el caso Ciccone.
Especialistas dedujeron que el azote climático del miércoles a la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del Conurbano bonaerense pudo haber sido un tornado. Se comprobará su inédita formación en esta región si el peritaje sobre escombros y árboles caídos los muestra enfrentados, como abriendo un surco a su paso.
El caso Boudou parece haber operado de esa manera en el Gobierno. Desde la irrupción de las denuncias en la marquesina mediática, distintos funcionarios kirchneristas se muestran de un lado y del otro del hombre que rápidamente saltó distintos niveles del poder y se encumbró en el segundo peldaño.
No es verdad que el Vicepresidente esté solo, pero sí es cierto que tiene enemigos y miradores de reojo dentro de la estructura política a la que pertenece. Mientras por lo bajo algunos piden que haga un gesto que impida contaminar a todo el Gobierno y sobre todo a Cristina Kirchner, las diferencias comenzaron a hacerse evidentes en medio de un coreográfico esquema de respaldos públicos.
Primero fue el ministro del Interior, Florencio Randazzo, quien se valió de una frase de Néstor Kirchner para no poner "las manos en el fuego por nadie" y en las últimas horas también mostró sus reparos la titular de la cartera de Defensa, Nilda Garré, al defender al juez que investiga a Boudou, Daniel Rafecas.
El propio Boudou lanzó "para adentro" en su estrategia defensiva. El ex ministro de Economía dice que es víctima de un ardid de la firma Boldt y habló de los lazos de esa empresa con el gobierno bonaerense desde 1993, con Daniel Scioli y Florencio Randazzo entre los destinatarios de sus sospechas.
Un juez reconocido
Rafecas goza de un prestigio poco común entre los jueces del fuero federal y en el Gobierno intuyen que no tendrá contemplaciones contra el número dos del Ejecutivo nacional. El magistrado delegó la investigación en el fiscal Carlos Rívolo, quien está detrás del enriquecimiento del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
Boudou observa cierta animosidad a partir del allanamiento a un departamento de su propiedad que tuvo filtraciones a la prensa y busca preparar el terreno para mover a Rafecas. Una recusación y un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura serían las herramientas elegidas. Hernán Ordiales, el representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo que designa y remueve jueces adelantó la apertura de una causa contra Rafecas por "tener una conducta incompatible con la imparcialidad que debe tener todo magistrado".
El contraataque de Boudou levantará mucha polvareda por ir contra un juez que levanta banderas propias: fue promovido por
Néstor Kirchner en 2004, enjuició a los represores del Primer Cuerpo del Ejército, puso contra las cuerdas a Fernando de la Rúa por los sobornos en el Senado, está especializado en delitos contra la humanidad y da clases sobre el Holocausto.
Popularidad en baja
La Presidenta siguió con atención lo que ocurre con su vice desde el Sur donde permaneció los últimos diez días. Sus armadores políticos reconocen que perdió varios puntos de popularidad, especialmente por la tragedia del tren de Once. Dicen que el caso que involucra al vice solo salpica al vice, pero reconocen que la onda expansiva podría comenzar a acercarse en cualquier momento a la figura presidencial, sobre todo por la estrategia defensiva de Boudou.
Algunos encuestadores como los de Poliarquía Consultores señalan que el descenso de la popularidad de Cristina Kirchner fue de veinte puntos desde que comenzó su segundo mandato, pero aclararon que sigue muy alta, por encima del 50 por ciento. Las denuncias de corrupción sobre actores de un Gobierno suelen tener mayor eficacia cuando están asociadas a un mal momento económico. Ese es el combo subyacente en este momento de la administración kirchnerista, que sin embargo está lejos de ser el peor desde su desembarco en el poder en 2003.
Mientras tanto, el Gobierno pasó de una fase aperturista en el último tramo de la primera Presidencia de Cristina Kirchner a esta versión cercana a los momentos del default con el caso Repsol YPF y las trabas a las importaciones como testigos. "Cristina es otra. Fue una hasta el 10 de diciembre cuando parecía que íbamos a integrarnos al mundo y a cerrar con el Club de París a esta cada vez más cerrada y planteando nuevas batallas todas las semanas en distintos frentes", sostuvo un hombre del elenco oficial en diálogo con este columnista.
En cuanto a YPF, el Gobierno mantiene su ofensiva para tomar el control de la empresa y "correr a los españoles". Están convencidos de que la Argentina se erige sobre un mar de petróleo y gas y esperan terminar la pulseada con Repsol para encarar otra etapa de exploración en medio de grandes anuncios presidenciales.
El problema es que la estrategia daña la imagen del país y restringe su reinserción internacional. Estados Unidos impulsa sanciones por el incumplimiento de pagos a empresas que ganaron pleitos en el Tribunal del Banco Mundial (CIADI), España podría militar en la misma causa dentro del G-20 a partir de Repsol y la estrategia de obstaculización comercial puso en guardia a los principales socios comerciales, Brasil y China.
Ambos evitaron sumarse al pronunciamiento de hace unas semanas de Estados Unidos, la Unión Europea y otros 12 países contra la Argentina en al Organización Mundial de Comercio (OMC), pero ya avisaron que esperan un golpe de timón.
