Buenos Aires (Especial de NA) -- Tras la agitada gira de Cristina Kirchner por Estados Unidos, que incluyó roces con el FMI y un inusual cruce con universitarios, el Gobierno deberá enfrentar un debate pendiente y de alto impacto para la gente: el retraso en las tarifas de los servicios públicos.
En los trajinados cinco días de gira, la jefa de Estado se quejó del trato "futbolístico" que el Fondo tuvo hacia la Argentina; negó que la inflación se encuentre en el 25 por ciento anual; defendió las estadísticas del INDEC; mantuvo encuentro de negocios con empresarios petroleros y descalificó como "título mediático" el denominado cepo al dólar, rechazando su existencia.
Sobre este último punto, la Presidenta fue enfática y terminante: habrá que empezar a pensar en pesos, porque dólares no habrá para nadie, porque no se los puede imprimir en el país, la Argentina no los tiene y los que tengan los deberá usar para cubrir obligaciones externas.
En la semana y como anticipo, el diputado Roberto Feletti reconoció que el control cambiario continuará "hasta que el peso se convierta en la reserva de valor".
En defintiva, Cristina Kirchner dejó en claro que las restricciones cambiarias llegaron para quedarse, casi definitivamente, y si bien comprendió que "haya alguno enojado", admitió que "es imposible contentar a todos" y que debe gobernar para los 40 millones de argentinos, pese a los cacerolazos.
Ese fue el tenor de la respuesta a una incómoda pregunta de un estudiante de la Universidad de Harvard sobre el "cepo" impuesto por el Gobierno para la compra de dólares, uno de los emblemas del "cacerolazo" local que tuvo su versión neoyorkina cuando la jefa de Estado se encontraba en el lujoso hotel Mandarín Oriental.
Pero uno de los puntos más picantes de la gira lo afrontó al hablar ante la Asamblea Anual de la Naciones Unidas, donde fustigó al Fondo y le dijo a su titular, la francesa Christine Lagarde, que no puede tratar al país como un equipo de fútbol, luego de la amenaza de sacarle tarjeta roja a la Argentina por sus sospechosas estadísticas.
En un mundo complicado financieramente, con graves consecuencias en España y Grecia, y marcada desaceleración económica, la advertencia del FMI constituyó una muestra más de la impericia y destiempo que vienen caracterizando al organismo en los últimos años.
Si se cumple la amenaza, el Fondo tendría que iniciar el 17 de diciembre un procedimiento que podría terminar en la suspensión del derecho a voto en el organismo y hasta la expulsión del organismo.
Sólo la ex Checoslovaquia, en 1954, fue expulsada por falsear en sus pedidos de información y en una situación similar estuvieron Zimbabue, Somalía, Liberia y Sudán, pero no llegaron a ser desafectados del organismo.
Pero, más allá de la controversia con el Fondo y la veracidad de las estadísticas públicas, lo cierto es que implícitamente el gobierno admite que la inflación supera el 20 por ciento, porque de lo contrario no homologaría paritarias con porcentajes superiores y no aumentaría en igual término las asignaciones familiares.
Lo preocupante es, en definitiva, que ese aumento de precios se da en consonancia con una visible desaceleración en el ritmo económico, reconocida inclusive por las proyecciones del cuestionado INDEC y un frente internacional cada vez más crítico.
Tarifas: un debate pendiente
En medio de ese clima incierto, el Ejecutivo tiene en carpeta un tema aún no resuelto: el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y que ya empezó a impactar de lleno en las empresas concesionarias.
Tras una década de retraso en la actualización tarifaria, subas salariales del 20 por ciento y una inflación persistente, la distribuidora de gas Metrogas, la más grande del país, advirtió en los últimos días que dejará de pagar en términos los vencimientos.
Metrogas siguió la tendencia de Edesur que, ahogada por sus finanzas, dejó de pagarle a la administradora del mercado, Cammesa.
Otra señal de alarma en cuanto a la posibilidad de un ajuste tarifario surgió del proyecto de presupuesto 2013 que el Gobierno giró al Congreso.
Allí, surge que las transferencias a las Empresas Privadas sufrirán una caída de 11,7 por ciento respecto de lo presupuestado para 2012 (4.337 millones de pesos menos), lo que daría cuenta de una estrategia de reducción de subsidios y por ende ajustes de tarifas en servicios energéticos y de utilidad general.
A eso hay que sumarle la decisión del Gobierno nacional de quitar los subsidios al Subte, lo que implicaría en definitiva un aumento en el pasaje que podría costar entre 4 y 5 pesos, según los gremios.
Dentro del proyecto de Presupuesto 2013, el Gobierno incluyó los cargos específicos que se aplican a las facturas de luz y gas, que le daría la posibilidad de aumentos de hasta el 350 por ciento en las tarifas.
Así, queda liberado el camino para aplicar los incrementos futuros o los que el Ejecutivo ya autorizó pero que están congelados a raíz de la presentación de medidas cautelares que los frenaron.
Por ejemplo, para hacer frente a las importaciones de gas, el Gobierno creó un "cargo específico" a los clientes con consumos superiores a los 1.000 metros cúbicos, que implicó subas de hasta 180 por ciento, pero que muchos usuarios no pagan al amparo de los recursos judiciales y que ahora deberán abonar.
Resulta difícil proyectar que en un año electoral, el Gobierno autorice un aumento generalizado en las boletas de servicios públicos, pero lo cierto es que los subsidios se recortarán, que los recursos faltan y que las empresas licenciatarias afrontan serias dificultades económicas y financieras por el desfase entre costos y tarifas.
