Opinión:
Un nuevo contrato social urbano
Por Arq. Jorge Bader

Los municipios se encuentran frente a una encrucijada que tiene que ver con su financiamiento. La fuerte dependencia de los aportes del gobierno central pone en jaque la subsistencia de las administraciones locales.

Las cuentas públicas locales están en general al rojo o al límite por el financiamiento de su propia estructura operativa o los servicios básicos de la comunidad que atienden. El margen de excedentes financieros que les permita una evolución razonable en términos de obras de crecimiento, planificación a futuro o ejecución de obras de mejora urbana, están en general comprometidos y subordinados a las remesas de los gobiernos centrales. En ese escenario de dependencia la evolución está atada a la amistad o enemistad de los colores políticos historia que conocemos largamente los que ya hace unos años andamos por acá.

Hace unos años el BID, (Banco Interamericano de Desarrollo) ha generado una recomendación para Gestionar el uso del suelo y la planificación urbana como una herramienta de generación de recursos a través de un sistema de coparticipación publico privado. El escenario que se propone tiene que ver con un nuevo esquema de relaciones dentro de una visión capitalista moderna donde el efector privado no está contrapuesto al administrador de la cosa pública, sino que es un socio activo.

Un modo de establecer lo que se llama el urbanismo colaborativo donde se rompe la dicotomía entre lo público o lo privado y como dice un colega a quien me permito parafrasear, se elimina la letra o, para establecer un nuevo escenario de lo público "y" lo privado.

El documento del BID publicado en febrero de 2018 dice "La urbanización sobrevenida en América Latina y el Caribe ha sido asociada frecuentemente con el uso fragmentado y no planificado del suelo, la expansión desproporcionada de la huella urbana, la segregación espacial, la ineficiencia de asignación, el crecimiento de baja densidad en la periferia y, en ocasiones, la desocupación de los centros de las ciudades. En el caso de las áreas metropolitanas que comprenden varios municipios, la incapacidad para coordinar las políticas de uso del suelo y las inversiones estratégicas suelen paralizar el normal accionar de las ciudades. Estas situaciones plantean un serio desafío al momento de financiar infraestructuras bajas en emisiones de carbono y servicios públicos, obstaculizando la productividad de las ciudades". Esta descripción nos exime de todo comentario, el fenómeno de conurbación afecta a todas las ciudades cualquiera fuere su escala.

Como dato adicional la ley de uso del suelo que surgió para evitar precisamente la especulación de las extensiones urbanas indiscriminadas, limito también la densificación central y a 40 años de su aplicación sin reformas ni revisiones pone de manifiesto su ineficacia, ya que incorporar suelo urbano es altamente complejo por el elevado costo de las infraestructuras y densificar los suelos centrales servidos está cada vez más limitado por los indicadores. Ni lo uno ni lo otro, lo cual representa una camisa de fuerza para la generación de valor en el desarrollo urbano. Una debilidad que quizás genere una oportunidad, en la creación de nuevos esquemas de uso del suelo y revisión de ocupación del tejido urbano consolidado.

Para el logro de este nuevo contrato social urbano, donde la plusvalía territorial tenga un peso central en la generación de valor para el inversor como para la comunidad, es necesario reformular las codificaciones, generar un nuevo marco normativo, organizar la comunidad en sus estructuras sociales básicas y fortalecer la institucionalidad municipal.

Es necesario que se genere esa capacidad institucional necesaria que permita entender que la planificación no es solo un Código, sino un proceso de pensamiento permanente sobre la realidad urbana y sus mutaciones, lo cual obliga a establecer protocolos de desarrollo y planificación urbana, aplicación de marcos legales y de políticas públicas activas, y la creación de nuevos sistemas de desarrollo en base a incentivos que den una respuesta coordinada al crecimiento, el desarrollo y la confluencia de intereses sociales sobre el territorio.