Opinión:
Plan Nacional de suelo urbano
Por Arq. Jorge Bader

El Plan Nacional de suelo urbano es una política central lanzada a fines del año pasado con la intención de vincular la política territorial con el desarrollo habitacional. Entre los beneficios que se proponen, destaca la posibilidad de ampliar el acceso de la familia a la tierra urbana en todo el país. El Ministerio de Desarrollo territorial y hábitat difundió un instructivo con las bases y fundamentos del plan. El Plan está dividido en cuatro ejes de ejecución: El Programa Nacional de Producción de Suelo; el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica; la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo; y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo.

El primer punto, correspondiente al Plan de producción del suelo busca generar parcelas con servicios para ampliar el uso de suelo urbanizado y promover el establecimiento de bancos de suelo a nivel municipal y provincial. Las redes de infraestructura elegibles para financiamiento son las siguientes: accesibilidad vial y peatonal, desagües pluviales, agua corriente, alcantarillado, electricidad, alumbrado público, gas natural, silvicultura urbana, señalización urbana y estaciones de transporte público.

Por supuesto que los alcances y requerimientos son diferentes para las distintas zonas del país ya que en los considerandos de la medida propuesta se hace referencia al AMBA y su problemática extrema, donde se reconoce una población marginal superior a los 400000 habitantes, a los cuales se les pretende dar una solución. La situación de las poblaciones del interior es totalmente distinta ya que muchas de las oportunidades de provisión de servicios o accesibilidad son más complejas.

Por supuesto que en lo declarativo la propuesta es más que interesante, pero como siempre choca con la realidad de los conflictos de financiamiento ya que la movilización de suelo urbano es una operación de inmensos recursos. Un aspecto interesante del planteo es la propuesta de reforzar la aplicación de la legislación de lotes con servicios, reconociendo que la gestión mixta de operaciones público privadas es una oportunidad de desarrollo. La propuesta avanza para la solución de la vivienda en varias escalas desde lo social a través de los planes Procrear hasta lo puramente privado por vía de la Ley 14449. Un aspecto que me parece relevante, es que finalmente desde la órbita pública se reconoce en palabras del Director de políticas de suelo, Juan Ignacio Duarte, que la urbanización es un factor de reactivación económica y generación de empleo directo, declarando que la generación de suelo urbanizado ocupa un mínimo de 40 personas por año por cada 100 lotes producidos. Transcribo aquí parte de sus declaraciones, que fueron reproducidas oportunamente por varios medios nacionales, "Es muy importante transformar suelo rústico en suelo urbanizado porque genera empleo. Pero sobre todo la generación de empleo viene después, cuando arriba del suelo urbanizado se empiezan a construir viviendas. La construcción es una industria que rápidamente genera mucho empleo a medida que se reactiva. Nuestro objetivo es generar las bases para después construir viviendas". Como toda propuesta ha tenido algunas observaciones, y ha chocado ya con algunas realidades que la complican. La primera cuestión es que el plan parte de la hipótesis de que la propiedad del suelo es pública, y esto lamentablemente se da en muy pocos casos ya que los suelos vacantes son en su mayoría, propiedad privada. La segunda cuestión es que, en el ámbito de la constitución de fondos fiduciarios mixtos, la concertación entre las partes se hace compleja, ya que el destinatario del financiamiento para la ejecución de las acciones de urbanización del suelo es el ente público interviniente, cuya dinámica de gestión es en muchas circunstancias poco ágil en el contexto inflacionario y la celeridad que implican las acciones de la construcción.

No quiero tampoco abundar en las críticas que ha tenido desde lo semántico, al hablar de suelo, ya que muchos técnicos cuestionan que la urbanización afecta al suelo como tal, cuyo concepto alude básicamente al suelo natural. Dejando de lado esta cuestión que da para otro debate, lo cierto es que la normativa es interesante en lo técnico y político, pero compleja en lo instrumental. Recientemente, y a raíz de muchas de estas observaciones se ha difundido el manual operativo que pretende reglamentar este programa nacional. Un documento extenso y complejo que exige un análisis pormenorizado pero que se anuncia como el mecanismo que resuelve estas inquietudes planteadas en primera instancia. Como todas las cuestiones territoriales, es preciso decantar y dejar pasar un tiempo para que el análisis del tema en los foros de debate perfeccione la operativa, alentadora por un lado, pero compleja por el otro.